La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España a cuenta del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, vigente desde 2010, al advertir de que “no cumple lo dispuesto en la directiva sobre los hábitats”. Por ello, avisa de que, si en un plazo de dos meses no modifica la ley 4/2010, que regula este inventario de flora y fauna en peligro, “el caso puede llevarse ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario recuerda que, según esta directiva, “determinadas especies exigen un sistema de protección rigurosa, independientemente de su ubicación”, una disposición legal que no se ha respetado en esta ley autonómica, pues “contiene una categoría de especies, de interés para los ecosistemas canarios”, a la que la norma canaria solo da protección estricta cuando aparecen dentro de los límites de una zona protegida.
Abundando en su argumentación, Bruselas informó ayer en una nota de prensa de que algunas de las especies incluidas en este polémico catálogo “requieren protección estricta con independencia de su ubicación”. El asunto lo denunciaron en su día precisamente por estos motivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al entender que la referIda categoría de protección en realidad “permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un espacio natural protegido”. Los ecologistas invocan que “uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística”, y denuncian que se ha vulnerado con el sebadal y otras especies en la costa donde se construye el puerto industrial de Granadilla.
De hecho, estas organizaciones sostienen que el nuevo catálogo, “tramitado sin participación pública ni científica”, se aprobó con “el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a este proyecto por su afección a especies y hábitats amenazados”.
Esta ley se aprobó en el pleno del Parlamento regional en mayo de 2010 con el voto de los diputados de CC y PP y el rechazo de los representantes de PSOE.
Fuente: Diario de Avisos
